ALUMNOS CON AUTISMO Y PÉSIMA PRAXIS EDUCATIVA,
MALO PARA TODOS
Daniel Comin 22 marzo, 2015
Entre todos la mataron y ella sola se murió
En ocasiones se achaca a una sola persona o a una única causa el daño producido por muchas, un daño que ya no se puede remediar. Se emplea cuando nadie desea asumir la parte que le corresponde de responsabilidad de algún suceso infausto, en cuyo resultado han contribuido varios factores (sic).
Hace ya más de tres años publicamos el artículo titulado “Un mal modelo de integración escolar es perjudicial para el niño con Autismo”, donde nos hacíamos eco precisamente de que si un alumno con un Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) acudía a un centro educativo ordinario y no disponía de los medios y apoyos adecuados a sus necesidades, se violaba el marco legal, se incumplía el mandato educativo de la Administración y por tanto se perjudicaba directamente a la calidad educativa, a la inclusión social y a su integridad física y emocional. En resumen, se vulneran a sabiendas los derechos fundamentales del niño, algo que por cierto es un delito contemplado por el código penal Español en su artículo 542, que dice literalmente: “Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.”, y esto es algo que tristemente se da de forma bastante habitual.
Y el relato de los hechos acontecidos en este centro y las repercusiones hacia una de sus alumnas con autismo es poco menos que lamentable. Este caso, que ha generado una larga lista de acciones con resultados nulos o malos (Que no sé yo qué es peor), ha llevado a que se genere una situación de gran tensión y que afecta ya a mucha gente. Y es que cuando la escuela pública no atiende adecuadamente las necesidades de TODOS sus alumnos, ya no es una escuela para TODOS, sino para ALGUNOS.
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| CEIP Gregorio Marañón de la Cala del Moral |
Los propios técnicos de la Delegación de Educación han dejado constancia por escrito que el colegio “no dispone de recursos suficientes para garantizar la calidad educativa de sus alumnos”. Así lo han puesto de manifiesto las sucesivas comisiones de escolarización, los equipos de orientación de la zona y el propio ayuntamiento que aprobó una moción en este sentido el año pasado. Igualmente se han hecho eco de esta realidad las plataformas Málaga Inclusión y Rincón Educa. Es decir, esta situación era de sobras conocida desde hace tiempo, ¡y denunciada hasta por el ayuntamiento!
En resumen: Una alumna con autismo (y con necesidades educativas especiales), escolarizada en centro ordinario, no recibe los apoyos que requiere y la carencia de estos apoyos genera que las conductas de la alumna no sean las que cabría esperar. Habida cuenta de que las conductas no son las “adecuadas” y se genera tensión en las aulas, siendo esto una evidencia clara de que el sistema funciona mal, en vez de dotar de las medidas oportunas, lo que se hace es culpar a la niña. Quien pasa de ser víctima de vulneración de derechos fundamentales, y a sabiendas, a culpable.
Debido a esta situación, que ha sido permanentemente denunciada por la familia, a quien obviamente y a la vista de los resultados se ha ninguneado, se acaba generando una situación de difícil convivencia. Y aquí empieza la segunda parte.
Llegados al punto de que las conductas provocan situaciones complicadas, y ante una respuesta inadecuada por la Administración Educativa, la familia amenaza con iniciar una acción legal, y las otras familias (las del resto de compañeros de la niña), inician otra acción distinta. Deciden que sus hijos dejen de asistir al colegio ya que «Muchos niños ya no aguantan más y no quieren ir al colegio porque sienten miedo», según afirma Stella Robles en declaraciones a Diario Sur. Aunque afirman que esto no es un ataque contra la niña, y a pesar de que estas familias se reunieron de forma independiente con responsables de Educación, y que afirman que no han podido contactar con la familia de la niña (cosa que no deja de ser curiosa, ya que todos los alumnos entran y salen por la misma puerta), para expresarle sus preocupaciones.
La Junta de Andalucía dice que se trabaja «para garantizar el derecho a la educación de todos los menores» y que se han tomado medidas. En concreto se puso a disposición del centro educativo una persona para atender esas necesidades. Al parecer fruto de la presión por parte de todo el mundo, y no por un interés real de haber hecho bien su trabajo, sobre todo si tenemos en cuenta que se han tardado casi cuatro años en poner medidas. Nuevamente nos encontramos con el modelo de “niños capaces, administraciones incapaces”.
Ahora bien, esta persona que está durante 25 horas semanales en el centro educativo (es decir, de forma permanente en horas lectivas) ha sido cambiada tres veces en un mes -según afirma la familia-, y para más inri, no parece haber dado ningún resultado, según afirman todas las familias implicadas en este asunto. Lo cual nos lleva a generar nuevas preguntas sobre la forma de dotar de medios humanos. Es decir, si alguien que no tiene el perfil profesional adecuado para el desempeño de un cargo determinado lo ejerce, entonces ¿no es intrusismo profesional?, es decir, que si el profesor de educación física diera clase de matemáticas a pesar de no saber, ¿no estaríamos incumpliendo una larga lista de leyes y reglamentos? No debemos olvidar otros aspectos relacionados con este hecho tan importante. Si la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación contrata a través de empresas y centros de empleo a personal para llevar a cabo una función determinada, y esta persona no tiene la capacitación necesaria, una vez puesto en conocimiento de la citada Administración este hecho singular, si el administrador encargado del tema, continua en la postura de no llevar a cabo la contratación adecuada, ¿no incurre este funcionario en prevaricación administrativa? Ya que está gastando un dinero público en un recurso a sabiendas de que este recurso no es el adecuado. Y claro, dada la situación actual de amiguismo, clientelismo y corruptelas varias, pues nos vuela la imaginación y nos ponemos a elaborar teorías diversas.
Esto es en suma una larga lista de despropósitos, donde nadie quiere asumir su parte de culpa, situación hartamente vista en este país. De forma que al final, el más débil se come todas las culpas y las consecuencias. Las leyes acaban siendo mero papel mojado. Pero si a todo esto le añadimos material publicado por la propia Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (Disponibles AQUÍ, AQUÍ y AQUÍ) sobre atención educativa a alumnado con Trastornos del Espectro del Autismo, y que por tanto son vinculantes, vemos como, además del marco legal y del reglamento y del protocolo editado por la propia Administración, al final, los problemas persisten dada la aplicación parcial de la ley, el reglamento y el protocolo de intervención.
Y es que “Entre todos la mataron y ella sola se murió”. Y así nos luce el pelo, y vemos como nadie quiere dar el paso de ir a un tribunal a ejercer sus derechos hasta que la situación revienta o es insostenible. Y no se hace porque la gente suele tener miedo a ponerse firme en la defensa de sus derechos por miedo a represalias. Y no, la respuesta de que es caro no vale, ya que una demanda colectiva es muy asumible económicamente, pero cuando la planteas (Tal y como hemos hecho desde la Fundación Autismo Diario) al final acabamos siendo cuatro los que damos un paso adelante. Y mientras el miedo nos deja parados en casa y quejándonos en redes sociales, a nuestros niños y niñas se les roba el futuro. Esta familia está ya iniciando acciones judiciales contra un sistema injusto en pro de la defensa de los derechos de TODOS, no solo de su hija. Quizá deban recibir el máximo apoyo por parte de todos.
Ayúdanos a revocar la sentencia injusta a esta niña, ¡difunde!
Daniel Comin
Director y Editor de Autismo Diario
Fuente Autismo Diario. org
Se retirará a petición de la Organización
